La policía se la lleva para inducirle el parto
La vida nos sorprende a veces con situaciones como esta, cuando llevamos un hijo dentro somos responsables por su vida, al parecer hasta el punto de perder los derechos sobre nuestras decisiones. Esta mujer quizá nunca pudo haber imaginado que sería tratada como criminal y que la policía la obligaría a acudir a un hospital para tener a su bebé.
De acuerdo con la historia, en el hospital barcelonés de Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, esta mujer perdió el derecho de decidir sobre su cuerpo y la vida de su hijo tan solo por ponerse una vez en manos de los médicos. Se trata de un embarazo a término que la propia madre decidió monitorear en último momento para ver que todo estuviera bien.
Luego de la revisión, los médicos le habrían aconsejado que se practicara una inducción de emergencia. Sin embargo, ella se rehusó a la idea, aclarando que se iría a su casa a esperar que el bebé se presentara de manera natural y de no ser así, aceptaba que le realizaran una cesárea, pero no la inducción.
Enfrentada a toda advertencia médica decidió esperar que las contracciones sobrevinieran en su momento; pero no contaba con la iniciativa médica. Considerando el procedimiento de los especialistas, en estos momentos es preciso pensar mejor si de hecho somos libres de actuar o el sistema sanitario tiene todo el control en estos casos. ¿Quién tendrá la razón en este caso? ¿Es correcto el procedimiento?
¿Hacía falta inducirle el parto?
Tomando en cuenta todo el tiempo de espera, la urgencia podría no estar tan justificada. Cuenta la mujer, que ella se sentía bastante tranquila cuando decidió irse a su casa a esperar. Sin embargo, es preciso tomar en serio la opinión de los médicos, que son los expertos en la materia, creemos que con seguridad tenían razón en sugerir la inducción.
En este caso el problema se generó por la negativa de la mujer a que le indujeran el parto, pero la polémica surge en relación a la manera de actuar de los galenos. Con justificación o no, el hospital consiguió una orden judicial para que la policía fuera a buscar a la mujer a su propia casa con el fin de trasladarla e inducirle el parto.
Cuenta la afectada, que accedió a ir con las autoridades por temor a que estuviera actuando en contra de la ley. Ya muy asustada por creer que su hijo corría real peligro, permaneció en la sala de espera por al menos seis horas, en ese entonces tuvo tiempo de preguntarse quién estaba actuando mal en este caso, ¿era ella una criminal? ¿Los médicos intentaban demostrar su poder?
Al fin que a estas horas ya nada parecía urgente, todas las alarmas por el supuesto parto inducido de emergencia se habían apagado, ya no hay justificación para haberla sacado con la policía de su casa. Desde entonces podemos hablar de que se aplicó la ley de una manera extrema; se estaría obligando a que se dé un parto que ni siquiera estaba en camino y se está negando a una madre a decidir.
Por otro lado, no cabe duda de que los médicos vieran en el chequeo algo que les pareció preocupante, de seguro había motivos de urgencia; sin embargo, no se comprende por qué no le habrían llevado directamente a la sala de parto. Otro procedimiento ausente, fue pedir a la madre que firmase un documento donde aceptaba haber sido informada de la situación y que por su propia voluntad decidió abandonar el hospital.
¿Qué sucedió en este confuso caso?
Las opiniones sobre el tema varían según la perspectiva desde la cual se mire; podíamos pensar que los médicos exageraron con el diagnostico de urgencia. Quizá quisieron hacer valer su poder obligándole a volver al hospital y cumplir con la recomendación, pero es posible que haya tenido sentido y que de hecho fue correcto el procedimiento.
¿Cómo valorar la intención de los médicos? ¿Se puede obligar a una mujer a parir? Tal vez la respuesta se halla en un asunto administrativo. Es probable que en ausencia de un documento firmado por la madre, el hospital haya temido que en caso de un problema relacionado a la madre o al bebé, este habría sido demandado por dejarla ir sin resolver su situación.
Sin embargo, los riesgos a los que se exponen una embarazada y su bebé por causa de la inducción son bastante altos; es decir, que si algo hubiese salido mal en este procedimiento, la responsabilidad también recae sobre el hospital. En tal sentido, esto quizá explica la razón por la cual no se practicó la inducción una vez que la mujer fue obligada a volver al hospital.
Lo cierto es que las opiniones se han formado en distintas esferas. Nos preguntamos si es justificable que a una mujer le sean violados sus derechos; en tal caso, las leyes españolas estiman que los pacientes están en libertad de elegir si están dispuestos a recibir cierto tratamiento luego de ser informados sobre los riesgos.
Sin embargo, la ley expone que en algunos casos no hay decisión del paciente, por ejemplo en situaciones que comprometan la salud pública o cuando haya riesgo para el personal sanitario. En cualquiera de los dos casos se realiza una comunicación oficial a las autoridades, al paciente y/o familiares de este.