Aspectos jurídicos sobre el abuso infantil

Aunque no siempre se denuncia, el abuso infantil tiene que controlarse en casa, en el colegio y a nivel policial. Incluso en España ya hay un registro para este tipo de situaciones. ¿Cómo es esta protección?

Escrito y verificado por el abogado Francisco María García.

Última actualización: 10 marzo, 2021

En España, más de 37 niños son víctimas de maltrato y de abuso infantil en el entorno familiar cada día. Y estos datos son apenas una parte de la realidad, porque la mayoría de los niños no se atreve a denunciar los abusos que sufre.

En diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ‘Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia’. Este proyecto recoge la propuesta de los ministerios de Justicia, Sanidad, Consumo, Bienestar Social e Interior.

Una de las principales propuestas es la elaboración de un registro de menores víctimas que permita tener toda la información unificada. Se trata de una herramienta de mucha utilidad práctica.

Las modificaciones también implican la formación de jueces y fiscales, y el desarrollo de medidas específicas de protección para los grupos especialmente vulnerables. También se contemplan medidas de prevención y otras de detección precoz de situaciones de abuso.

Esta materia ha sido muy tratada y regulada por la UNICEF. A continuación, vemos algunos elementos para conocer más sobre los aspectos jurídicos del abuso infantil.

Un concepto de violencia infantil más amplio

La nueva ley contempla la violencia según la definición contenida en la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, la norma condena toda forma de violencia en aspectos como el abuso, el maltrato físico y mental, el abandono, la explotación y el abuso sexual. También considera la restauración de los derechos de las víctimas.

Están previstas, además, medidas específicas contra el acoso cibernético y otras, pensadas especialmente para los grupos más vulnerables, como son los menores con algún tipo de discapacidad o LGTBI (Lesbianas, Gais, ​Transgénero y Bisexuales). El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre este problema a través de campañas y medidas de prevención que sean más efectivas. 

La ley también busca una detección temprana mediante la instauración de protocolos de acción en centros educativos y otras instancias. Se pretende lograr cierto empoderamiento de los niños, a fin de que sean capaces de identificar el peligro y los actos de violencia. Los padres y las instituciones de justicia también están involucradas en esta nueva normativa.

Protocolos en los colegios para el abuso infantil

Cuando se apruebe la nueva ley, todos los centros educativos tendrán que contar con una persona responsable de proteger a los niños de cualquier forma de abuso y violencia. El trabajo de esta persona será supervisado por las Comunidades Autónomas.

Los centros deberán contar, además, con protocolos para saber cómo detectar posibles casos de violencia y qué hacer frente a ellos. Profesores, agentes de la ley, pero también jueces y fiscales recibirán una formación especial en estos delitos. De hecho, cualquier funcionario de un servicio público podrá ser considerado de autoridad pública en casos de emergencia.

Los ciudadanos estarán obligados a denunciar el abuso infantil

Esta es una novedad importante que trae la nueva ley. Según la nueva normativa, toda persona tendrá la obligación de comunicar a las autoridades cualquier sospecha que tenga de un delito de abuso o maltrato a un menor. Podrán hacer su denuncia de forma anónima y confidencial.

Juzgados y fiscalías especializadas en abuso infantil

Este ha sido un pedido de distintos sectores de la sociedad, especialmente de las ONG. En efecto, la justicia es uno de los aspectos más negativos en el problema del abuso y la violencia infantil. Es por eso que se crearán juzgados y fiscalías especializadas en temas de violencia infantil y se buscará que los menores solo tengan que declarar una única vez.

Registro único de datos y más plazos de prescripción

Con la nueva normativa se busca crear un registro unificado de menores víctimas de todo tipo de violencia, abuso y maltrato. De esta manera, se podrá conocer mejor la dimensión del problema e identificar a quienes ejercen la violencia. El objetivo es que la sociedad adquiera consciencia del problema y la administración tome las medidas necesarias.

Inhabilitación, guarda y custodia

La nueva ley prevé también una inhabilitación especial para todos los profesionales que deseen trabajar con niños y hayan sido condenados. Además, se contemplan medidas para limitar la patria potestad, guarda, custodia o adopción cuando el padre sea objeto de investigación o condena por violencia machista.

Mayores plazos de prescripción

Muchas de las víctimas de abuso solo se atreven a denunciar lo que les pasó después de mucho tiempo. Y a menudo, cuando lo hacen, el delito ya ha prescrito. Por todo ello, los plazos de prescripción de entre 5 y 15 años empezarán a contar cuando la víctima haya cumplido los 30 años. Varios sectores de la sociedad civil han solicitado que se eleve a 50 años, e incluso que estos crímenes sean imprescriptibles.